La información se desprende de un amplio seguimiento hecho en el país por la Contraloría General de la República a los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por la pandemia, del que se lograron establecer 30 alertas por sobrecostos que suman 34 mil 856 millones de pesos en distintos departamentos.
Los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial, con corte al 15 de junio, ocurren tras la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones, que tienen por objeto el suministro del Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas y adolescente, pertenecientes a los centros educativos oficiales del país.
En el caso de Risaralda el contrato para el PAE es de 944 millones de pesos y el de Pereira asciende a mil 595 millones de pesos. En ambos casos, con un pago parcial al contratista.
Lo que enciende las alarmas en el órgano de control, según Ricardo Montaña Castelblano, Supervisor de Seguridad al PAE en la Contraloría General, son los posibles sobrecostos en el precio de compra de los alimentos para la conformación de las canastas alimentarias que se le hacen llegar a los niños beneficiados con el programa, y que se establece después de hacer un comparativo con el catálogo de precios de tiendas de grandes superficies y con el boletín semanal de precios mayoristas publicado por el DANE.
Para el funcionario de la Contraloría: “La eventual pérdida de esos recursos disminuirá el suministro del complemento alimentario, a niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales, afectando directamente el cumplimiento de los objetivos del programa, en un momento en que las necesidades de sus beneficiarios han aumentado considerablemente como consecuencia de la pandemia.”
Las indagaciones de la Contraloría General de la Nación continúan para establecer responsabilidades o en su defecto archivar el proceso si se logran aclarar todas las inconsistencias fiscales.
