Garantizar la protesta, prevenir los excesos policiales, permitir veedurías a la acción de los uniformados y hasta llevar una relación de los nombres de los policías y las armas e instrumentos utilizados en los operativos, ordenó un juzgado de Pereira a las autoridades regionales mediante tutela.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Risaralda ordenó al gobernador Tamayo, al alcalde Maya, y al comandante de la policía en esta región que garanticen y protejan el derecho a la protesta de la ciudadanía.
Así mismo, mediante la tutela número 00081-2021 invocada por un grupo de ciudadanos, ordena a la Policía Metropolitana de Pereira y al Batallón San Mateo que en el evento de requerirse el uso de la fuerza pública para restablecer el orden en las manifestaciones, se haga adoptando los protocolos existentes y llevando una relación del personal encargado de realizar los procedimientos y los instrumentos y material utilizados para tal fin.
En la misma providencia, la juez María Esther Betancur González ordena a las autoridades que coordinen y garanticen el ejercicio de los veedores de derechos humanos dentro de las manifestaciones pacíficas para que hagan un exhaustivo control de la actuación del personal policial en el desarrollo de las manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos.
En esta misma línea, se ordena a las autoridades civiles y de policía que permitan a los veedores de derechos humanos y abogados debidamente identificados, la verificación de las condiciones humanitarias de los retenidos por la fuerza pública en las alteraciones del orden ciudadano.
Finalmente, la tutela ordena a las secretarías de salud, a las personerías y a las autoridades civiles que acudan a los centros de traslado de protección y verifiquen las condiciones de bioseguridad de dichos centros, así como las medidas de protección de las personas que se encuentran allí retenidas y que dispongan los protocolos de bioseguridad conforme a las pautas expedidas por el Ministerio de Salud.
