Se trata del contrato 003 de 2020 de la Gobernación del Quindío por un valor de 800 millones de pesos y que consistía en la “Dotación de equipos de bioseguridad para prevenir contagios de la COVID-19”
Según las investigaciones, en la adjudicación del contrato 003 de 2020 se habrían cometido presuntas irregularidades relacionadas con inconsistencias en los datos suministrados y contradicciones, además, se incluyeron bienes que no fueron cotizados y en donde se conoce el valor pactado.
Los tres funcionarios de la Gobernación del Quindío que fueron citados por el ente de control fueron; Sandra Milena Manrique, Secretaria Administrativa de la Gobernación del Quindío, la supervisora del contrato investigado Elena Andrea Caicedo y la profesional universitaria Liliana Vélez Botero.
La Procuraduría investiga a las tres funcionarias por presunta falta grave a título de culpa gravísima, por desatención elemental a reglas de obligatorio cumplimiento, y como gravísima a título de culpa grave a la Secretaria Administrativa, Sandra Milena Manrique.
