El pasado miércoles se dio a conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la coyuntura social que aborda el país desde los últimos meses.
Dicha visita de la Comisión se dio entre el pasado 8 y 10 de junio, cuya finalidad radicó en evaluar la situación entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional.
Asimismo, luego de recopilar 302 testimonios individuales y colectivas, se publicó un documento de 48 páginas en el que otorga un total de 41 recomendaciones al Gobierno Nacional y la instauración de un mecanismo especial de seguimiento, que está enfocado principalmente en derechos humanos.
Entre los puntos más relevantes del documento, la Comisión denuncia el uso excesivo de la fuerza pública en las manifestaciones y recomienda promover el diálogo, separar la Policía Nacional de Mindefensa, garantizar la vida de las personas que integran las marchas y que testificaron al CIDH, la reparación de víctimas, la seguridad para prensa independiente y misión médica, entre otros.
Varias de las recomendaciones fueron criticadas y cuestionadas por el Estado colombiano en cabeza del mandatario Iván Duque, replicando que «nadie puede ser tolerante con actos de criminalidad». Según las declaraciones del presidente, el Estado habría sido respetuoso con las manifestaciones pacíficas. «Los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la constitución y la ley».
Pese a las duras denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dichas recomendaciones ilustradas en el documento no son obligatorias de cumplir. Del mismo modo, no habría sanciones penales por el incumplimiento de ellas.
