En los últimos minutos, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó la imputación de cargos a un general, seis oficiales del Ejército, tres suboficiales y a un civil por crímenes de lesa humanidad por los ‘falsos positivos’ en la zona del Catatumbo.
Eduardo Cifuentes, quien es el presidente de la Jurisdicción, afirmó que las personas imputadas deben aceptar la responsabilidad de sus actos. «Deben ser expuestos a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la Justicia Transicional».
Las personas implicadas deben responder ante el asesinato de 120 personas, que fueron presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en el Catatumbo. Dichas bajas fueron socializadas como resultados para el aumento oficial de las estadísticas en éxito militar. También se registra un total de 24 desapariciones forzadas.
En primer lugar, el general imputado es el brigadier general Paulino Colorado Gámez, comandante de la Brigada 30 en su momento; también están involucrados los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez; el teniente coronel y antiguo comandante del Batallón de Infantería en Ocaña, identificado como Álvaro Diego Tamayo Hoyos.
Por otro lado, también se han puesto cargos sobre el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, en ese entonces excomandante de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional; los antiguos oficiales Daladier Rivera Jácome y Rafael Antonio Urbano Muñoz, quienes integraban la Central de Inteligencia de Ocaña; el exjefe de la Central de Inteligencia del BISAN Sandro Mauricio Pérez Contreras; el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y el civil Alexander Carretero Díaz, que trabajó como colaborador.
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