La compañía asegura que la decisión de prohibir el uso de la aplicación además de ser arbitraria también se vio impulsada por presiones políticas.
Tras la decisión del Gobierno de bloquear la plataforma de la empresa en el país, Uber notificó a través de un comunicado al Estado colombiano su intención de adelantar un millonario pleito internacional.
El presidente Iván Duque ya cuenta con el comunicado, el que documento asegura que, con dicha decisión de no permitir el uso de la aplicación Colombia viola el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
En el documento se dice que Uber es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos) que ha realizado varias inversiones en Colombia y que Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber: “En consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado”.
En reacción a la noticia el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto dijo: «“Uber no tiene inversión en Colombia, no tiene negocios con contratos de estabilidad jurídica ni llegó en virtud del TLC”
A continuación el comunicado traducido:
Con respeto y gran renuencia, escribo en nombre de Uber para informarle que ha surgido una disputa de inversión en virtud del capítulo diez del Acuerdo de Promoción Comercial de Estados Unidos y Colombia (el tratado) como resultado de las medidas adoptadas por la República de Colombia (el República), algunos de los cuales se describen a continuación, que violan el tratado.
Uber es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, que ha realizado varias inversiones en Colombia. Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber. En consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado.
Uber desarrolla, respalda y posee una plataforma tecnológica que, entre otras cosas, permite a los proveedores independientes de servicios de viaje compartido («Driver Partners») celebrar contratos de transporte con pasajeros en Colombia (la «Plataforma Uber»). A través de una subsidiaria, Uber autoriza el uso de la Plataforma Uber a Conductores Asociados y pasajeros en Colombia. Uber también actúa como una conexión para los Conductores Asociados al cobrar las tarifas que cobran a los pasajeros por sus servicios de viaje compartido.
En compensación por el uso de la Plataforma Uber, Uber recibe una tarifa de intermediación. Las inversiones protegidas en Colombia incluyen, entre otras:
- Uber Colombia, una «empresa» que brinda servicios de mercadeo y otros servicios de apoyo a las operaciones de Uber;
- «Participación accionaria» en Über Colombia a través de una de sus filiales;
- «Derechos de propiedad intelectual», incluido el derecho a licenciar el uso de la Plataforma Uber, incluidas las aplicaciones, sitios web, contenido y productos de Uber, así como la marca comercial de Uber y la buena voluntad asociada, en Colombia; e «intangible .. . derechos de propiedad «, incluida la red de contratos entre Uber (a través de una subsidiaria) y los usuarios de Uber y Driver Partners, según corresponda, para acceder y usar la Plataforma Uber en Colombia.
Tanto Uber como Uber Colombia poseen inversiones protegidas en virtud del Tratado. Uber y Uber Colombia, incluidos sus más de 230 empleados en Colombia, han contribuido al crecimiento de la economía de Colombia desde 2013.
Tienen la intención de continuar haciéndolo. Sin embargo, una serie de medidas recientes de la República han tenido un grave impacto adverso en Las inversiones de Uber en Colombia y la viabilidad de sus operaciones en el país. El 20 de diciembre de 2019, por ejemplo, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio («SIC»), la República ordenó a Uber, Uber Colombia, y otra subsidiaria de Uber que prácticamente dejará de poner la Plataforma de Uber a disposición de Conductores Asociados y pasajeros en Colombia.
La orden también requería que las compañías de telecomunicaciones en Colombia suspendieran las transmisiones, el almacenamiento y el acceso a la Plataforma Uber en Colombia.
La orden de la República emitida bajo circunstancias cuestionables en el contexto de una citación legal que ha prescrito – fue publicada el último día del calendario judicial en Colombia con la aparente intención de impedir su revisión inmediata en apelación. Debido a que la orden tuvo efecto inmediato, ha frustrado sustancialmente las operaciones comerciales de Uber en Colombia. Además, en un aparente esfuerzo concertado contra Uber, la orden del SIC fue precedida por una que la Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord unos minutos antes, sin siquiera brindarle a Uber Colombia la oportunidad de revisar las quejas que supuestamente llevaron a la sanción.
En contraste, otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la República. Las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber.
Estas y otras medidas dirigidas a Uber o sus inversiones en Colombia infringen el Tratado, incluidas las obligaciones de la República, entre otras cosas,
- No someter las inversiones de los restauradores estadounidenses a expropiaciones o nacionalizaciones, o cualquier otra medida equivalente a la nacionalización de la expropiación, excepto para un propósito público, de acuerdo con el debido proceso, en un a-discriminatorio manera y contra la compensación al inversionista (Artículo 10.7);
- Otorgar a los inversores estadounidenses un trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas (Artículo y (iii) para tratar a los inversores estadounidenses de manera no menos favorable que a los inversores colombianos o inversores de los Estados (Artículos 10.3 y 10.4).
La orden ilícita de la República de bloquear la Plataforma Uber en Colombia también constituye un acto de censura en contravención de los instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen la neutralidad de la red, la libertad de expresión en internet y la libertad de uso de internet.
Sin perjuicio de sus derechos en virtud del Tratado (incluidas las disposiciones de otros tratados de inversión que se incorporan por referencia en virtud de la cláusula de nación más favorecida del Tratado) y en virtud de la ley internacional general, Uber y Uber Colombia buscan una resolución de la disputa mediante consulta y negociación y, a tal efecto, solicitar una reunión con usted, o con el alto funcionario del Gobierno que desee designar, para llevar a cabo dicha consulta y negociación a la brevedad posible de la República.
Uber y Uber Colombia informan además a la República de que, en el caso de que la disputa no pueda resolverse de manera amistosa o la República se niegue a negociar o no negocie de buena fe, es la intención de Uber presentar la disputa para su resolución mediante arbitraje vinculante en virtud del Artículo 10.15 y 10.16 del Tratado. Uber y Uber Colombia se reservan el derecho de enviar un aviso de intención de conformidad con el Artículo 10.16.2 del Tratado antes o en el curso de cualquier consulta o negociación. Todas y cada una de las consultas y negociaciones que han tenido lugar o pueden tener lugar con respecto a la disputa no tienen la intención de ser, y no deben tomarse como, una renuncia al derecho de Uber y Uber Colombia de proceder con el arbitraje en virtud del Tratado o de hacer valer sus reclamos y derechos ante otros foros.
