ADRES denunció un presunto fraude que habría desviado miles de millones de pesos destinados a la atención de víctimas de accidentes de tránsito.
Lo que en documentos oficiales aparecía como clínicas y centros de atención médica, en realidad eran panaderías, cigarrerías e incluso talleres de motos. Así lo reveló la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), tras una serie de verificaciones que destaparon un presunto fraude contra los recursos de la salud.
Según la entidad, las irregularidades fueron detectadas durante la revisión de facturas presentadas para el cobro de servicios médicos relacionados con la atención de víctimas de accidentes de tránsito cubiertos por el SOAT. Aunque la documentación parecía cumplir con los requisitos exigidos, las visitas de inspección en terreno evidenciaron que varios de los establecimientos registrados como Instituciones Prestadoras de Salud no funcionaban como centros médicos.
De acuerdo con la investigación preliminar, algunas de estas supuestas clínicas habrían llegado a facturar hasta 5.000 millones de pesos mensuales por servicios de salud. Sin embargo, en las direcciones registradas operaban negocios completamente ajenos al sector, como panaderías, cigarrerías y talleres mecánicos.
El gerente de ADRES, Félix León Martínez, aseguró que este no sería un caso aislado y advirtió que en distintas regiones del país se han identificado modalidades similares de presunto desfalco a los recursos públicos destinados a la salud. Las autoridades buscan establecer el monto total de los recursos comprometidos y determinar quiénes estarían detrás de estas operaciones.
Mientras avanzan las investigaciones, los organismos de control continúan realizando auditorías e inspecciones para identificar otras posibles clínicas fantasma y evitar nuevas afectaciones al sistema de salud colombiano.
Un fraude que golpea los recursos de la salud
El hallazgo ha generado preocupación debido a que los recursos reclamados provenían de fondos destinados a la atención de pacientes reales. Las autoridades ahora trabajan para esclarecer cómo estas entidades lograron mantenerse habilitadas y acceder a millonarios pagos pese a no prestar servicios médicos.
