El asesinato de Karely Merlano, psicóloga del ICBF en Barrancabermeja, ha generado conmoción nacional, no solo por la participación de menores en el crimen, sino por las advertencias previas que la profesional habría hecho sobre su seguridad.
Familiares revelaron que Karely ya había tomado la decisión de renunciar a su cargo el 15 de abril, pocos días después de su muerte. Según indicaron, el ambiente laboral se había tornado tenso y riesgoso, situación que la llevó a manifestar temor por su integridad.
Entre los hechos que aumentaron su preocupación estaría un presunto intento de intoxicación días antes del ataque, además de comportamientos agresivos por parte de algunos adolescentes bajo custodia en el hogar de paso donde trabajaba.
El crimen ocurrió el 9 de abril dentro de la misma institución. De acuerdo con las autoridades, cuatro menores habrían participado en el ataque, que se habría presentado en medio de un intento de fuga tras la negativa de la funcionaria a permitir su salida.
Tres de los adolescentes aceptaron cargos durante las audiencias iniciales, mientras el cuarto continúa vinculado al proceso bajo el sistema de responsabilidad penal para menores de edad.
El caso ha encendido las alertas sobre las condiciones de seguridad en estos centros de protección, donde profesionales deben enfrentar situaciones complejas sin, según denuncias, las garantías suficientes.
Organismos de control y autoridades avanzan en la investigación para establecer si existieron fallas institucionales o advertencias que no fueron atendidas a tiempo, lo que podría agravar la responsabilidad en este caso.
Mientras tanto, la muerte de Karely Merlano deja en evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan en la protección de población vulnerable, y abre un debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en estos espacios.
