A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo, el fracking volvió a ocupar un lugar central en el discurso de varios sectores políticos que consideran esta técnica como una alternativa para aumentar las reservas de hidrocarburos y fortalecer las finanzas del país.
El argumento económico suele repetirse con insistencia: más extracción supone más ingresos, más regalías y, en teoría, mayor capacidad fiscal. Sin embargo, detrás de esa promesa aparece una pregunta inevitable: ¿puede Colombia reducir una discusión ambiental, científica y territorial únicamente a una ecuación de rentabilidad?
Los defensores del fracking sostienen que esta práctica ha permitido aumentar la producción de energía en países como Estados Unidos y garantizar seguridad energética. Pero la discusión en Colombia ocurre en un contexto completamente distinto.
Pero, ¿qué es el fracking?
El fracking, o fracturamiento hidráulico, consiste en perforar formaciones rocosas profundas e inyectar a alta presión agua, arena y químicos para fracturar la roca y liberar petróleo o gas atrapado. Dicho de forma cruda: es romper el subsuelo para forzar la salida de hidrocarburos que no fluyen por métodos convencionales.
Sus riesgos ambientales no son menores. La técnica requiere grandes volúmenes de agua, produce aguas residuales con químicos y compuestos del subsuelo, puede generar fugas o derrames si falla la integridad de los pozos, y se ha asociado con emisiones de metano y sismicidad inducida, especialmente cuando las aguas residuales son reinyectadas en profundidad. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha reconocido que las actividades del ciclo del fracking pueden afectar recursos de agua potable bajo ciertas condiciones.
Ese matiz es fundamental. Los estudios más citados por quienes defienden el fracking suelen provenir de Estados Unidos, un país con regiones petroleras ampliamente desarrolladas, mayor infraestructura científica y capacidades regulatorias más robustas. Pero Colombia no puede copiar ese debate como si su territorio fuera equivalente. Aquí el fracking se discutiría sobre un país tropical, megadiverso, con alta presencia de cuencas, acuíferos, ecosistemas estratégicos y comunidades que dependen directamente del agua. Tal vez el verdadero debate no sea si Colombia puede fracturar la roca, sino si puede hacerlo sin fracturarse a sí misma en el intento.
Colombia no es una potencia tecnológica ni industrial. Tampoco lidera el desarrollo científico global. Durante décadas, el país ha mantenido bajos niveles de inversión en ciencia, investigación e innovación, mientras depende constantemente de tecnología y conocimientos producidos en el exterior.
Esa realidad ha dejado a Colombia en una posición históricamente vulnerable dentro de la economía mundial: exporta materias primas, importa tecnología y continúa atrapada en un modelo económico de dependencia. En ese sentido, la discusión sobre el fracking adquiere otra dimensión.
Porque si Colombia no compite con grandes potencias desde la tecnología, la industria o la producción científica, entonces su principal valor estratégico sigue estando en aquello que aún conserva: su biodiversidad, sus ecosistemas, sus fuentes hídricas y su ubicación geográfica privilegiada.
Algunos sectores académicos —incluido el informe de la Comisión de Expertos de 2019, que pese a su fecha conserva relevancia en el debate actual— han señalado que el país no podía avanzar hacia una explotación comercial sin investigación, pilotos, monitoreo y condiciones institucionales estrictas. De hecho, la discusión de la Comisión no fue una autorización simple al fracking, sino una advertencia sobre la necesidad de evaluar impactos físicos, bióticos, sociales y económicos antes de cualquier decisión de fondo.
La discusión, entonces, no gira únicamente alrededor del petróleo. También involucra el valor estratégico de los ecosistemas, la soberanía sobre los recursos naturales y la capacidad del país para proyectar una transición energética sostenible en medio de la crisis climática global.
A pocos días de las elecciones, queda una pregunta abierta para el país: si Colombia no ha logrado construir poder desde la ciencia o la tecnología, ¿está dispuesta también a poner en riesgo el capital natural que hoy representa una de sus mayores fortalezas?, ¿Puede un país que no ha logrado blindar sus ríos, sus páramos ni sus instituciones darse el lujo de experimentar con una técnica cuyo margen de error se mide en agua?
