El anuncio lo hizo el propio alto tribunal que tomó la decisión tras considerar que perdió competencias para investigar al expresidente luego de su renuncia al Senado. Es decir, se repite el mismo procedimiento que en la investigación por fraude procesal y soborno de testigos, que inició en la Corte Suprema de Justicia, pero ahora está en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Las indagaciones preliminares contra Álvaro Uribe, no se reducen únicamente a la masacre en el corregimiento El Aro, en Ituango, Antioquia, ocurrida en 1997, sino que también, como lo advierte en su comunicado la Sala Especial de Instrucción de la Corte, hay señalamientos y testimonios que lo comprometen como responsable de la conformación, promoción y financiación de grupos paramilitares, además que señalan una presunta intervención de Uribe en su condición de Gobernador de Antioquia, en la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, asesinado en 27 de febrero de 1998 en Medellín, luego de denunciar los nexos del gobierno departamental con el paramilitarismo.
Así las cosas, tendrá que ser la Fiscalía la que determine si avanza o no en la indagación preliminar sobre estos hechos, para definir si le abre una investigación formal al exsenador del Centro Democrático.
La decisión tiene duros cuestionamientos desde diferentes sectores políticos y sociales del país que ponen en entredicho la independencia del actual Fiscal General, Francisco Barbosa, para investigar a Álvaro Uribe.
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