La contratación del Consejo Nacional Electoral vuelve a quedar en el centro de la polémica. La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para establecer si se presentaron posibles irregularidades y sobrecostos en contratos destinados a la capacitación y acreditación de testigos electorales de cara a las elecciones de 2026.
Uno de los focos de la revisión está puesto en los recursos destinados a la elaboración y distribución de material de capacitación, además de servicios tecnológicos, ciberseguridad y otras actividades relacionadas con la preparación de los testigos electorales.
La Contraloría solicitó al CNE información detallada sobre los contratos, incluyendo valores, fechas de ejecución, objetos, estado, supervisores y pagos realizados. También pidió revisar la contratación relacionada con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, integrada por LinkTic, con una participación del 95 %, y BexTechnology, con el 5 %.
El caso genera cuestionamientos políticos por el manejo de los recursos públicos destinados a la organización del proceso electoral, especialmente cuando faltan meses para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.
Sin embargo, la Contraloría fue enfática en aclarar que la apertura de la indagación preliminar no significa que ya estén comprobados los sobrecostos ni que exista una declaratoria de responsabilidad. El objetivo inicial es recopilar información y determinar si existen elementos para avanzar en una investigación fiscal.
La revisión deja nuevamente bajo la lupa al CNE y al millonario proceso de contratación relacionado con la preparación del personal que tendrá participación en las próximas elecciones. Los resultados de la actuación determinarán si las alertas por posibles sobrecostos terminan convirtiéndose en responsabilidades fiscales.
