La Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (Aisalud) denunció graves inconsistencias en las conciliaciones de cartera, luego de que la EPS Coosalud reclamara una millonaria deuda a siete hospitales públicos del departamento, pese a que la red hospitalaria sostiene que es la aseguradora la que mantiene obligaciones pendientes por cerca de $27 mil millones.
Una fuerte controversia sacude al sistema de salud en Risaralda. La EPS Coosalud envió comunicaciones a siete hospitales públicos del departamento exigiendo el pago de una supuesta deuda cercana a los 31 mil millones de pesos, una situación que tomó por sorpresa a los gerentes de la red hospitalaria.
La reacción no se hizo esperar. La Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (Aisalud) calificó como «insólita y sorprendente» la actuación de la EPS, al recordar que apenas horas antes ambas partes habían sostenido una reunión para buscar alternativas que permitieran solucionar la cartera que, según la red pública, asciende a cerca de 27 mil millones de pesos y que sería responsabilidad de Coosalud.
Para Aisalud, las diferencias obedecen a inconsistencias generadas durante auditorías realizadas por empresas externas contratadas en anteriores intervenciones de la EPS, lo que habría ocasionado errores en las conciliaciones, retrasos en la depuración de las cuentas y demoras en el giro de recursos a los hospitales.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el del Hospital Nazareth de Quinchía. Mientras la institución reclama el pago de poco más de 600 millones de pesos por servicios de salud prestados a afiliados de Coosalud, la EPS sostiene, en un acta de conciliación, que es el hospital el que le adeuda cerca de 2.100 millones de pesos.
El gerente del Hospital Nazareth rechazó la reclamación y aseguró que existen serias inconsistencias en las cifras presentadas por la aseguradora.
Ante este panorama, Aisalud hizo un llamado a fortalecer los procesos de auditoría, depuración y conciliación de cartera para garantizar información financiera confiable y evitar que este tipo de controversias siga afectando la estabilidad económica de la red pública hospitalaria y la prestación de los servicios de salud en Risaralda.
La polémica ahora se centra en una pregunta que deberán resolver los procesos de conciliación: ¿quién le debe realmente a quién?
