La pequeña fue sometida a torturas, pornografía infantil y secuestro desde los 8 años de edad. Un juez les dictó medida de aseguramiento tras un operativo en el barrio Santa Rita.
Un caso de horror absoluto ha sacudido los cimientos de la sociedad tolimense. En las últimas horas, las autoridades hicieron efectiva la captura de una pareja en el barrio Santa Rita de Ibagué, señalados de someter a una menor de edad a un ciclo de violencia sistemática que se extendió por casi una década.
Según el informe presentado por la Fiscalía General de la Nación, el calvario de la víctima comenzó en 2016, cuando apenas tenía ocho años. Lo que inició como maltrato físico escaló en 2018 a abusos sexuales perpetrados por su padrastro, crímenes que, según las investigaciones, contaban con la complicidad y el consentimiento de su propia madre biológica.
La investigación reveló detalles escalofriantes: la menor era obligada a participar en grabaciones de contenido pornográfico. Estos videos eran utilizados posteriormente por el agresor como una herramienta de chantaje y presión psicológica para garantizar el silencio de la niña.
El expediente detalla que la vivienda funcionaba como una prisión. Durante los nueve años de agresiones, la menor era encerrada y encadenada cada vez que realizaba alguna acción que no fuera del agrado de sus victimarios.
Como consecuencia de las violaciones recurrentes, la joven resultó embarazada en dos oportunidades; en ambas ocasiones, fue obligada a abortar bajo condiciones de extrema crueldad.
En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía les atribuyó un catálogo de delitos que reflejan la gravedad del caso:
Acceso carnal violento agravado.
Actos sexuales con menor de 14 años.
Pornografía infantil.
Tortura agravada y violencia intrafamiliar.
Aborto sin consentimiento e inducción al suicidio.
A pesar de la contundencia de las pruebas y el relato de los hechos, ninguno de los dos capturados aceptó los cargos. Sin embargo, ante el peligro que representan para la sociedad y la gravedad de los delitos, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de fortalecer las redes de protección infantil y la denuncia ciudadana para evitar que crímenes de esta magnitud permanezcan ocultos tras las paredes del hogar.
