Ocho personas fueron capturadas por extorsionar a comerciantes, ganaderos y ciudadanos en el departamento. De ese grupo, seis eran funcionarios del INPEC.
La operación se desarrolló en el municipio de La Dorada, donde la Policía logró afectar esta red que utilizaba plataformas digitales para intimidar a las víctimas. Las amenazas incluían atentados contra la vida de los afectados y de sus familiares si no entregaban grandes sumas de dinero.
La estructura se hacía pasar por grupos armados ilegales para generar temor. El presunto líder permanecía en el centro penitenciario Doña Juana, desde donde coordinaba las llamadas extorsivas.
Los indiciados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente y, tras las audiencias preliminares, recibieron medida de aseguramiento intramural.
Las investigaciones estiman que las rentas criminales de esta organización superarían los 600 millones de pesos.
