El 20 de octubre de 2023, el Congreso de Panamá aprobó una ley que renovaba el contrato de explotación de tierras con la empresa minera canadiense First Quantum Minerals. Dicho contrato había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Panamá en 2017.
La aprobación de la ley generó un gran descontento en la población panameña, que, motivados por grupos ambientalistas, iniciaron protestas multitudinarias desde el 24 de octubre.
¿En qué consiste el contrato-ley de explotación de tierras?
La reciente ley sancionada en Panamá es un acuerdo que el gobierno tendría con First Quantum Minerals, una empresa canadiense privada que tendría autorización para explotar recursos naturales en un territorio determinado, además de una serie de beneficios políticos y tributarios.
Algunos de los beneficios son:
- La autorización para explotar cobre y otros minerales en una zona boscosa al norte de Panamá.
- La exención del pago de impuestos por un período de 10 años.
- La inmunidad de jurisdicción ante los tribunales panameños.
- El derecho a utilizar la fuerza pública para proteger sus intereses.
Dichos beneficios han sido objeto de crítica por organizaciones ambientalistas y diversos grupos sociales, quienes consideran que dicho contrato es un acuerdo corrupto que otorgaría poderes anticonstitucionales a un privado que se lucraría de destruir el medio ambiente.
El contrato no es nuevo, existió hace algunos años
El 10 de julio de 2012, el gobierno panameño y la empresa minera canadiense First Quantum Minerals firmaron un contrato para la explotación de cobre y otros minerales en una zona boscosa al norte de Panamá.
La empresa aprovechó sus facultades durante 5 años para extraer cobre y ganar enormes sumas de dinero. Durante este tiempo, diferentes actores sociales y políticos expresaron su preocupación ante el gobierno, quien en 2017 decidió cancelar el contrato.
Panamá reconoció que el contrato era anticonstitucional
El 16 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato por considerar que violaba la Constitución del país, amparándose en tres causales:
- El contrato otorgaba a la empresa una serie de beneficios y facultades que eran contrarios al interés público. Entre estos beneficios se encontraban la exención del pago de impuestos por un período de 20 años, la inmunidad de jurisdicción ante los tribunales panameños y el derecho a utilizar la fuerza pública para proteger sus intereses. La Corte consideró que estos beneficios eran excesivos y que beneficiaban a la empresa minera a costa del interés público.
- El contrato no cumplía con los requisitos de transparencia y participación ciudadana establecidos en la Constitución de Panamá. El contrato se aprobó sin que se realizara una consulta pública previa, lo que violó el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones que afectan al interés público.
- El contrato no tenía en cuenta el impacto ambiental y social de la actividad minera. La Corte consideró que el contrato no incluía medidas suficientes para proteger el medio ambiente y las comunidades locales que podrían verse afectadas por la actividad minera.
En 2023, el gobierno de Panamá redactó un nuevo contrato con la empresa minera First Quantum Minerals. El nuevo contrato redujo el período de exención tributaria de 20 a 10 años y estableció un mecanismo de control político que permite al gobierno revocar el contrato si la empresa minera no cumple con sus obligaciones. Sin embargo, el nuevo contrato mantiene los otros beneficios que fueron declarados anticonstitucionales por la Corte Suprema de Panamá en 2017, como la inmunidad de jurisdicción ante los tribunales panameños y el derecho a utilizar la fuerza pública para proteger sus intereses.
Las Protestas en Panamá: La Voz de los Ciudadanos para Expresar su Descontento
El 24 de octubre de 2023, se dio inicio a una extensa jornada de protestas que se extendió por todo el territorio panameño, acompañada de un paro nacional de 48 horas.
Estas protestas fueron lideradas por grupos ambientalistas y figuras intelectuales, quienes motivaron a la población a salir a las calles y expresar su desacuerdo con la industria minera.
El balance de 2 semanas de protestas
Las protestas han provocado el cierre de calles, vías y comercios, así como la suspensión de clases en escuelas y universidades. También ha habido enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, que han dejado un saldo de dos personas muertas y cientos de heridos.
El gobierno de Panamá ha respondido a las protestas con una serie de medidas, entre ellas la reducción del período de exención tributaria de 20 a 10 años y el establecimiento de un mecanismo de control político que permite al gobierno revocar el contrato si la empresa minera no cumple con sus obligaciones. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para satisfacer a los manifestantes, quienes continúan exigiendo la derogación de la ley.
Como consecuencia de las protestas, ha habido desabastecimiento en algunas zonas de Panamá. Además, se han registrado cientos de casos de vandalismo y violencia. Por otro lado, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ha alcanzado su nivel más alto de desaprobación y se ha enfrentado a críticas de todos los sectores políticos y de la opinión internacional.
Diferencias políticas: la violencia se cobra dos vidas
Una de las consecuencias más impactantes de las protestas fue el asesinato de dos manifestantes panameños a manos de un hombre opositor armado, quien les reclamaba por el cierre de una vía.
La muerte de los dos manifestantes refleja un preocupante panorama sobre la política y la tolerancia. El hecho de que dos personas hayan perdido la vida por el simple hecho de pensar diferente es un recordatorio de que la violencia política sigue siendo una amenaza real en Panamá.
¿Qué consecuencias genera la minería de cobre?
En el ámbito económico, la minería de cobre ha contribuido al desarrollo del país. En 2022, la minería representó el 5% del PIB de Panamá. Además, la minería ha generado miles de empleos directos e indirectos.
Sin embargo, la minería de cobre también ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente. La actividad minera causa contaminación del aire, el agua y el suelo. Por ejemplo, la mina de cobre de Cobre Panamá, ubicada en la provincia de Donoso, ha sido acusada e investigada por contaminar el río Chucunaque, que es una fuente de agua potable para las comunidades indígenas de la región.
Además, la minería de cobre ha generado conflictos sociales. La actividad minera puede desplazar a las comunidades locales y afectar sus medios de vida. Por ejemplo, la mina de Cobre Panamá ha sido acusada de desplazar a comunidades indígenas de la región.
La centralización de la minería de cobre en Panamá a un privado internacional y la otorgación de atribuciones de poder «dictatorial» son dos medidas que van en contra del pueblo panameño, más allá de los impactos directos de la actividad minera.
Fuente: Contaminación por minería de cobre en América Latina – Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
El futuro de Panamá es incierto
Tras recorrer el contexto político y social de Panamá, se prevé que es posible que las protestas continúen con fuerza hasta que el gobierno acceda a las demandas de los manifestantes. Por otro lado, también existe la posibilidad de que el tiempo pase y las protestas se desvanezcan, o que incluso el gobierno tome medidas superficiales para calmar el descontento de la gente. Sin embargo, la ejecución del contrato está en un preocupante punto de incertidumbre.