El ministerio público en días anteriores anunció que había abierto un proceso de responsabilidad fiscal sobre el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Esto se dio luego de las irregularidades que se registraron en el contrato de los centros poblados. Proyecto que pretendía dotar de internet a zonas rurales del país.
“Nosotros abrimos desde el martes el proceso de responsabilidad fiscal a todo este contrato de telecomunicaciones de Centros Poblados”, manifestó el contralor general, Felipe Córdoba.
La Contraloría General explicó que serían embargos que podrían llegar a ser hasta por el doble del anticipo entregado a la Unión Temporal de Centros Poblados, donde no solo busca proteger los $70 mil millones de pesos de anticipos si no también busca resguardar el recurso público.
«La norma nos deja resguardar hasta 140 mil millones de pesos, lo cual ya se está desarrollando”, agregó.
