La Fiscalía General de la Nación les imputará cargos por corrupción y solicitará medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a los alcaldes de Armenia, José Manuel Ríos Morales, y Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras.
La exdirectora de Bienes y Suministros de Armenia, Gabriela Valencia Vásquez y el secretario administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaira, también son investigados por los delitos que señala la Fiscalía.
En Armenia, uno de los contratos que han puesto en evidencia a los altos funcionarios de la Alcadía es el suscrito con la comercializadora y distribuidora Agroindustriales por 350 millones de pesos En las investigaciones se evidenció que los propietarios de esta empresa aportaron recursos económicos a la campaña del ahora alcalde José Manuel Ríos.
Los delitos que se imputarán al alcalde, a su secretaria de bienes, a otros tres funcionarios más y a los contratistas son contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado.
De otro lado, la Procuraduría investiga al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, y a otros cuatro funcionarios de su administración por irregularidades en cuatro contratos de suministros por cerca de mil 600 millones de pesos.
Los últimos alcaldes de Armenia están en la cárcel: Luz Piedad Valencia, Carlos Mario Álvarez y el actual, José Manuel Ríos.
Por su parte, al alcalde de Calarcá, Alberto Balsero Contreras, suspendido por tres meses por la Procuraduría desde el pasado 20 de abril, su secretario administrativo José Winser Garzón; el subsecretario administrativo Juan José Correa Lopera; el jefe de la oficina jurídica, Gesner Arneth Ranegifo y el contratista Jhon Jairo Botero Sabogal fueron vinculados en la investigación por un contrato de vigilancia irregular.
Las investigaciones continúan. Hasta ahora van 11 alcaldes, tres gobernadores, decenas de altos funcionarios y contratistas con solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía en el país. Otros 11 gobernadores, entre ellos la del Valle, Clara Luz Roldán, también son investigados.
Con la propagación de la pandemia de la COVID 19 y las medidas de emergencia en alcaldía y gobernaciones, se desató en el país el más grande entramado de corrupción.