La operación se desarrolló en las ciudades de Bogotá y en el departamento del Quindío, y representa un golpe contundente a una estructura delincuencial que venía afectando la tranquilidad de la ciudadanía en distintas regiones del país.
Según las autoridades, el Grupo Delincuencial se dedicaba a la extorsión telefónica. Sus integrantes se hacían pasar por supuestos comandantes de grupos guerrilleros o paramilitares, con el fin de generar temor entre sus víctimas.
Una vez lograban intimidarlas, realizaban exigencias económicas que oscilaban entre 200 mil y 20 millones de pesos, a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus familiares, e incluso para evitar el desplazamiento forzado de sus lugares de residencia o trabajo.
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, donde un juez definirá su situación legal.
