Los recientes casos de corrupción al interior de las cárceles en el país tienen en el ojo del huracán al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
La gota que derramó el vaso fue la reciente fuga de Juan Larrison Castro Estupiñan, alias ‘Matamba’, quién se fugó de la cárcel La Picota de Bogotá vistiendo un uniforme de un dragoneante del INPEC.
A este se le suman otros escándalos cómo la fuga de Aída Merlano, los permisos al empresario Carlos Mattos y la captura de 6 guardianes por tráfico de estupefacientes en Cúcuta.
Esta serie de fallas han llevado a pensar en la liquidación del INPEC pero ello traería graves consecuencias para los empleados carcelarios.
Actualmente hay más de 16 mil funcionarios adscritos al sistema penitenciario en Colombia y para la Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo una liquidación se convertiría en una masacre laboral.
Desde allí se plantea una reforma a la política criminal penitenciaría convirtiendo las cárceles en verdaderos centros de resocialización y no en auténticos depósitos de personas.
