La guerra en Colombia entra en una nueva fase, marcada por un preocupante aumento en el uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales, una modalidad que ha cobrado la vida de 58 miembros de la Fuerza Pública y dejado al menos 300 heridos a lo largo de 2025, según cifras oficiales reveladas por el presidente Gustavo Petro durante una ceremonia militar en Bogotá.
El dato fue expuesto por Petro durante el acto de ascensos de generales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, donde advirtió que la tradicional ventaja aérea que históricamente tenía el Ejército frente a actores armados se ha invertido: los grupos ilegales, incluidos narcotraficantes y disidencias, ahora cuentan con recursos para adquirir drones en grandes cantidades, lo que ha modificado la dinámica del conflicto.
Según los registros internos de la institución, desde abril de 2024 cuando se registró el primer ataque con drones en el departamento del Cauca hasta el pasado 18 de diciembre de 2025, se han contabilizado más de 390 atentados con estos dispositivos en diferentes regiones del país, muchos de ellos con artefactos improvisados que explotan al impactar a unidades militares y policiales.
La estadística de 58 muertos incluye tanto militares como policías que han perdido la vida en acciones con drones durante este año, mientras que los 300 heridos son producto de impactos directos o explosiones cercanas en diferentes escenarios operativos. Las cifras reflejan un escenario de alta vulnerabilidad tecnológica frente a equipos relativamente accesibles que los grupos criminales emplean para hostigar a la fuerza pública.
En el evento, el presidente Petro fue enfático al señalar que esta nueva forma de violencia ha revertido la llamada “ventaja aérea” que antes favorecía a las Fuerzas Militares colombianas. “La ventaja que tenía el Ejército de Colombia y en general las Fuerzas Militares, que era aérea, ahora se volvió al revés. La ventaja aérea la tiene el narcotráfico”, afirmó, subrayando que estas organizaciones pueden comprar drones “en efectivo y por miles”.
La respuesta del Gobierno ante esta creciente amenaza ha sido la priorización de la compra de sistemas antidrones y tecnologías de defensa, así como un incremento presupuestal destinado a reforzar la seguridad nacional. A mediados de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó la asignación de cerca de 1 billón de pesos para agilizar la adquisición de sistemas contra aeronaves no tripuladas, con el objetivo de proteger unidades de la fuerza pública desplegadas en zonas de riesgo.
En paralelo, las autoridades han elevado la vigilancia y coordinado operaciones de inteligencia para desarticular las estructuras que implementan este tipo de tácticas, en zonas como el sur occidente del país, donde los enfrentamientos con drones se han intensificado en municipios de departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
El uso de drones con fines bélicos representa un desafío técnico y estratégico para Colombia, que obliga a modernizar la respuesta militar y fortalecer la cooperación entre agencias de seguridad para enfrentar una amenaza que trasciende lo convencional y redefine la forma en que se libra el conflicto interno.
