Durante el control político a los recursos ejecutados a través del OCAD Paz, la Representante a la Cámara por Risaralda Carolina Giraldo hizo graves señalamientos.
Giraldo aseguró que testaferros de alias «Otoniel», cabecilla extraditado del Clan del Golfo, habrían recibido dineros provenientes de regalías para ejecutar obras en Risaralda.
Según la congresista, a este departamento le fueron asignados en el 2019, 34 mil millones de pesos para siete contratos en ocho municipios.
En Balboa fue adjudicado al consorcio Las Ingenierías SAS, un contrato de dos mil doscientos dieciséis millones de pesos para la construcción de 1,6 kilómetros de placahuella, cuyo representante legal es John Freddy Zapata, alias ‘Messi’ o ‘Candado’, condenado por lavado de activos con empresas fachadas al servicio del Clan del Golfo.
Así mismo aparece el nombre de César Augusto Ramírez Ortega, vinculado a este mismo consorcio y quien según la congresista, se encuentra en etapa de juicio por lavado de activos. También aparecen en vinculados en este contrato Dunella Maya y Eider Mena.
Estas dos últimas personas, aparecen también relacionadas con la firma de un contrato en el municipio de Mistrató por dos mil novecientos treinta y dos millones de pesos para construir 1,4 kilómetros de placahuella, en el cual la congresista asegura que existieron sobrecostos de hasta el 127%.
Girado exigió una investigación exhaustiva por parte de los entes de control a estos recursos que, según ella, pudieron ser usados para pago de coimas, aportes a campañas políticas o financiamiento de grupos armados ilegales.
Finalmente, la Representante al Cámara evidenció en el debate, obras inconclusas, mal hechas y sobre costos en los municipios de La Virginia, La Celia, Santuario, Apía y Pueblo Rico.
