Los procesados formarían parte de una organización, presuntamente comandada por el senador Mario Castaño
Privados de la libertad quedaron 10 presuntos integrantes de la supuesta red de corrupción ligada al senador mario Castaño.
Según la Fiscalía, de manera irregular, se habrían beneficiado económicamente con contratos en municipios y entidades del orden nacional.
Los procesados, al parecer intercedieron en cerca de 50 procesos de contratación por más de 43.000 millones de pesos. La estructura ilegal habría accedido a la contratación pública en regiones con la supuesta intermediación de un congresista.
Estas personas, presuntamente gestionaron recursos para asumir obras de mitigación, construcción de parques y alcantarillado. La pavimentación de vías terciarías.
Programas de educación y atención a la niñez. La distribución de licores y proyectos productivos que eran ofrecidos en diferentes poblaciones del país.
La organización delictiva, al parecer, previa intermediación de un congresista, formulaba propuestas y proyectos con requisitos básicos para acceder contratos.
El proceso se realizaba a través de diferentes entidades, como pólizas o estudios de mercado. Así se garantizaría la aceptación de las ofertas ante cualquier instancia o entidad.
El material probatorio indica que todo se definía mediante el pago de dádivas, que correspondían a porcentajes de los dineros recibidos luego de la adjudicación.
Parte de los recursos, supuestamente, se distribuían entre gestores de proyectos. Otra quedaba en manos del congresista. De esta manera, la estructura habría ganado cerca de 50 contratos, que ascendieron en valor a 43.433 millones de pesos.
En la investigación se conocieron varios contratos que fueron gestionados. Entre estos, la del Aguardiente de Chocó, por un valor de 14.492 millones de pesos.
Obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos. La construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos.
La realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.
Los hoy procesados, al parecer, obtuvieron 17 nombramientos de personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales.
Los elementos de prueba indican que los beneficiados debían pagar un mes de los salarios percibidos en el nuevo trabajo.
