La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, un escrito de acusación en contra el Gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades de contratación en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El contrato que tiene en aprietos al mandatario chocoano fue suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Sin Fronteras y su valor asciende a más de 2 mil millones de pesos, el cual tenía como propósito realizar actividades educativas con 116 comunidades vulnerables en 27 municipios de este departamento.
La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones de carácter nacional que establecían los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por la pandemia de coronavirus y desconoció las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, además desatendió las deficiencias en salud pública.
Por esta conducta, el Gobernador del Chocó es señalado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.
